El Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez ha decidido aplazar la subida de las pensiones y el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta que se constituya un nuevo Gobierno. Esperará a que se celebre una investidura para dejar la decisión al próximo Gabinete, según apuntan varias fuentes del Ejecutivo. “Confiamos en que esto no vaya más allá de enero”, apuntan esas mismas fuentes. Los planes, no obstante, siguen siendo subir las pensiones un 0,9%, revalorizar el sueldo de los funcionarios un 2% y revisar al alza el SMI.

El bloqueo político ha acabado por afectar a las pensiones, al salario mínimo y a la remuneración de los funcionarios. Ya hace semanas que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, había expresado en público sus dudas sobre la posibilidad de que un Gobierno en funciones pudiera subir las pensiones el 0,9% anunciado a la Comisión Europea en el plan presupuestario para 2020. El criterio habitual de la Abogacía del Estado es que un Ejecutivo que no tiene funciones plenas no puede tomar decisiones presupuestarias que comprometan al siguiente. Y, finalmente, eso ha pesado en las decisiones que tradicionalmente se han adoptado en los últimos años cuando se ha dado esta circunstancia.

Los planes del Ejecutivo para las pensiones pasan por retrasar la revalorización pese a que podía haberlas subido un 0,25%, como establece la actual ley de Seguridad Social, tal y como está redactada desde 2013. Esta norma estuvo suspendida en 2018 y 2019, pero el año que viene, como no se aprobó la reforma que iba a vincular la mejora anual de las pensiones a la subida del IPC real, volvería a estar en vigor. Para evitar esa subida del 0,25%, el Ejecutivo ha decidido aprobar un decreto ley para suspender la norma a la espera de que en pocas semanas haya una investidura. Cuando haya un Gobierno formado podrá subirlas ese 0,9%, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 enero.

Fuentes de Trabajo explican que subir ahora el 0,25% para después aumentar el 0,65% restante es un gasto de recursos innecesario. No obstante, tampoco se escapa que ese aumento anual del 0,25% fue muy criticado por el PSOE cuando estaba en la oposición. Entonces se comprometió reiteradamente a derogar la norma de cuya aplicación impone ese incremento cuando hay un déficit en la Seguridad Social, como ocurre desde 2011. El Ejecutivo socialista renovó ese compromiso cuando volvió al Gobierno. Así que aplicar ahora esa subida sería un mal trago político que Sánchez no parece dispuesto a asumir. Siguiendo el mismo criterio, el Ejecutivo tampoco va a tocar ahora las bases de cotización: ni las mínimas (siempre ligadas al salario mínimo) ni las máximas.

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